México ante un dilema de política económica: alta inflación vs. crecimiento económico endeble

Los responsables de la política económica en México enfrentan un dilema complejo. El conflicto armado entre Estados Unidos e Irán en febrero de 2026 generó un choque en la oferta global que elevó los costos de producción y de transporte, debilitó las principales economías del mundo y redujo la demanda externa de bienes mexicanos. Este deterioro externo representa un riesgo de contracción de la actividad en México, con indicadores oportunos que señalan una probabilidad creciente de recesión en los próximos seis meses. Simultáneamente, las presiones inflacionarias externas se combinan con la persistencia de la inflación de servicios a nivel nacional, lo que mantiene las expectativas de inflación cercanas al 4% para el cierre de 2026 y 2027, además de récords máximos en las expectativas a mediano y largo plazo (Banxico, 2026a)^[1]. Este documento analiza las tensiones entre la desaceleración económica y la persistencia inflacionaria, así como los mecanismos que las generan y la complejidad de la coordinación de la política pública en materia económica. 

La inflación global se desestabilizó en 2026 tras años de estabilidad. En 2025, la inflación del G20 se había estabilizado en 3.4%, pero el conflicto activo en Medio Oriente provocó un choque en el sector energético, lo que impulsó el pronóstico de inflación mundial al 4.0% para 2026 (FMI, 2026). El impacto fue más pronunciado en las economías emergentes, donde la inflación pasó de 4.2% en 2025 a una expectativa de 5.2% (ONU, 2026b). En Estados Unidos, la Reserva Federal revisó al alza sus proyecciones a 3.6% para 2026, 1.6 puntos porcentuales por encima de su meta de 2.0%  (Fed, 2026), lo que evidencia un entorno de presiones generalizadas sobre los precios, en el que México no es la excepción.

El tránsito interrumpido en el estrecho de Ormuz golpea simultáneamente todos los eslabones de la cadena de producción global^[2]. El conflicto bélico generó un choque de oferta petrolera insólito, con impactos que se transmiten a través de los precios de energía, luego a los de alimentos y finalmente a una mayor inflación que encarece el financiamiento y la deuda (Banco Mundial, 2026b)^[3]. En conjunto, estos factores han intensificado las presiones inflacionarias globales al elevar simultáneamente los costos de producción, transporte y distribución, aunado a que en México estos canales se combinan con la probabilidad creciente de la presencia del fenómeno climático de El Niño y con señales de deterioro de la actividad económica, reduciendo el margen disponible para responder a las presiones inflacionarias sin comprometer la estabilidad del crecimiento económico (OCDE, 2026b; FMI, 2026).

El choque trasciende la inflación y frena la actividad económica global.  El Banco Mundial estima que el crecimiento mundial caerá de 2.9% en 2025 a 2.5% en 2026, su nivel más bajo desde la pandemia y muy por debajo de los promedios prepandemia. La perspectiva es más pesimista en economías emergentes, particularmente las más dependientes de energía e insumos importados (Banco Mundial, 2026a; FMI, 2026)^[4]. Para México, esto se traduce en menor dinamismo de sus exportaciones por el debilitamiento de Estados Unidos, su principal socio comercial, y mayores costos de financiamiento externo (FMI, 2026)^[5].  En este sentido, de acuerdo con Tapia et al. (2026), las recesiones en México se asemejan a enfermedades contagiosas que se originan en el sector industrial, por ejemplo, cuando cae la demanda externa, y se propagan progresivamente al resto de la economía hasta volverse generalizadas. En este contexto, la desaceleración estadounidense contrae la demanda de manufactura mexicana, en un momento ya débil para el sector industrial^[6],  lo que podría provocar, de acuerdo con indicadores oportunos, una recesión en los próximos meses. 

Lo anterior pone a México en un dilema: por un lado, las presiones de precios provenientes del exterior se han reactivado, mientras que, por otro, la actividad económica se deteriora, lo que plantea un reto para las intervenciones de política pública destinadas a combatir la inflación, dado que ambos riesgos apuntan en direcciones opuestas y atender uno puede agravar el otro. El choque energético en Medio Oriente se transmite a México a través de tres canales identificados por el FMI: comercio con Estados Unidos, condiciones financieras globales y precios de materias primas (FMI, 2025; FMI, 2026)^[7], donde la inflación para México se proyecta en 3.9% en 2026, por encima de la meta inflacionaria de 3%, con riesgos sesgados al alza y menor margen para continuar recortes en la tasa de política monetaria (FMI, 2025; FMI, 2026) ^[8]. 

Los elementos externos convergen con presiones inflacionarias domésticas persistentes, lo que complica la baja de la inflación subyacente. De acuerdo con Banco de México (2026), la inflación de servicios ha mostrado una disminución gradual desde su máximo pospandemia de 5.71% en marzo de 2023, ubicándose en 4.44% en la primera quincena de febrero de 2026, una reducción acumulada de apenas 1.27 puntos porcentuales en casi tres años (Banxico, 2026b)^[9], siendo que las expectativas de los especialistas del sector privado anticipan que la inflación subyacente cerrará 2026 en torno a 4%, sin convergencia completa a la meta (Banxico, 2026a). Sumado a esto, las expectativas de inflación general y subyacente al cierre de 2026 se ubican en 4.35% y 4.22% respectivamente (Banxico, 2026a), mientras que las expectativas de inflación de mediano plazo se elevaron tras el repunte energético, comprometiendo el anclaje de expectativas y dificultando la moderación de la inflación subyacente incluso cuando los choques se disipen (OCDE, 2026b)^[10]. En este contexto, la reciente moderación de la inflación general a 3.55% en la primera quincena de junio no debe conducir al optimismo, dado que esta mejora proviene de la dinámica de precios agrícolas, mientras que la inflación subyacente permanece en 4.12% (INEGI, 2026), lo que vuelve relevante la presión sobre los precios de fertilizantes, urea y alimentos, comprometiendo la mejora reciente (Banco Mundial, 2026b).

A este escenario se suman dos riesgos que podrían intensificar las presiones. El primero es el escalamiento del conflicto en Medio Oriente: la OCDE estima que una disrupción prolongada reduciría el crecimiento global en hasta 1.3 puntos porcentuales respecto al escenario base hacia 2027, mientras elevaría la inflación del G20 a 4.4%, agravando costos energéticos, de fertilizantes y condiciones financieras externas para México (OCDE, 2026b)^[11]. El segundo es El Niño, que, bajo condiciones de estrés climático extremo, hace que la inflación general sea más propensa a aumentar de cara a choques en la actividad económica respecto a condiciones climáticas normales (Ventosa-Santaulária et al., 2024)^[12]. Esto es relevante para los hogares mexicanos, dado que los alimentos representan cerca del 40% de su canasta de consumo promedio; por lo tanto, un alza generalizada de los precios agrícolas golpea de forma desproporcionada a las familias de menores ingresos, que destinan una mayor proporción de su ingreso a alimentos no procesados (Ventosa-Santaulária et al., 2024). Esto no ayudaría a consolidar el proceso de desinflación hacia la meta inflacionaria del 3%  y comprometería el ancla de expectativas. 

Las presiones externas e internas representan un escenario especialmente complejo para México y para la coordinación entre sus autoridades de política pública económica. El choque de la oferta energética, que elevó los precios de los fertilizantes y de los alimentos, al tiempo que frenó el crecimiento mundial, configuró un entorno de inflación alta y de actividad débil (OCDE, 2026b; FMI, 2026). Esto se transmitió a México a través de tres canales simultáneos: el comercial, el financiero y el de materias primas, lo que generó mayores costos y un menor impulso externo (FMI, 2025; FMI, 2026). Resultando en una inflación proyectada de 3.9% para 2026, todavía por encima de la meta inflacionaria, con convergencia diferida hasta 2027 y expectativas de mayores plazos bajo presión (FMI, 2026; OCDE, 2026b). Aunado a dos riesgos adicionales: la prolongación del conflicto, que, en un escenario adverso, ampliaría todas las presiones descritas (OCDE, 2026b), y el desarrollo de El Niño, que, bajo condiciones de estrés climático extremo, puede elevar la inflación general en 90 puntos base adicionales respecto a condiciones normales (Ventosa-Santaulária et al., 2024). En este entorno de elevada incertidumbre, la política pública en materia económica enfrenta el reto de coordinar esfuerzos para calibrar el ciclo monetario sin comprometer el ancla de expectativas ni agravar el enfriamiento de la actividad económica.