Adaptación climática y vulnerabilidad en México

Económica y socialmente, México es un país lleno de contradicciones. Es la decimoquinta economía más grande del mundo (World Bank, 2025) y se encuentra entre los 20 países con mayor número de multimillonarios. No obstante, alrededor del 55% de la fuerza laboral se encuentra en la informalidad, y más del 90% de las empresas son micro, pequeñas o medianas, con capacidades limitadas para gestionar riesgos climáticos o invertir en adaptación. 

En el país existen también diferencias regionales dramáticas en estándares de vida: la zona metropolitana de la Ciudad de México alcanza aproximadamente 30,000 dólares de PIB per cápita, mientras que San Pedro Garza García —el municipio más rico del país— supera regularmente los 70,000 dólares, equiparándose con niveles promedio Portugal y  Dinamarca, respectivamente1. En contraste, los ingresos promedio en varios estados del sur se aproximan a los 5,000 dólares, comparables con países como Ghana o Nepal, y numerosos municipios registran niveles inferiores a 3,500 dólares, similares a Mali o Benín.

En un contexto de fragmentación espacial, ecológica y económica, la adaptación climática no puede concebirse como una política nacional homogénea. Por el contrario, requiere reconocer la existencia de múltiples “Méxicos”: áridos y tropicales, formales e informales, rurales y urbanos. Cualquier aproximación que ignore esta heterogeneidad carecería tanto de relevancia económica como de viabilidad política. En este sentido, el país ha elegido de manera consecutiva a dos presidentes de Morena, un movimiento que se ha consolidado como fuerza hegemónica al apelar a sectores históricamente excluidos del desarrollo económico. Esta narrativa resuena particularmente en regiones rurales del sur, donde el crecimiento nacional no se ha traducido en mejoras sustantivas en las condiciones de vida (IFC, 2025; Ponce, 2024). 

El país en su conjunto enfrenta un reto ineludible: en la mayor parte del territorio se proyectan incrementos en la temperatura y reducciones en la precipitación, lo que representa una amenaza significativa para la salud y el bienestar de la población. Al mismo tiempo, los desafíos de adaptación climática en contextos urbanos y metropolitanos de aquellos difieren sustancialmente de aquellos presentes en el México rural, multiplicando los frentes que debe atacar una política de adaptación robusta. En este texto presento algunas conclusiones sobre la frontera del conocimiento científico en este tema. 

Clima y salud: adaptación individual y sistémica 

Los costos en mortalidad y morbilidad asociados al cambio climático constituyen una proporción considerable de los daños agregados, particularmente en regiones más cálidas y con menores niveles de ingreso. Carleton et al. (2022) estiman que el incremento en el riesgo de mortalidad a nivel global, incluso considerando la adaptación, representará aproximadamente el 3.2% del PIB mundial hacia 2100 bajo un escenario de altas emisiones. 

Para el caso de México, la evidencia reciente documenta impactos significativos en la salud asociados al calor, tanto de manera directa como a través de limitaciones en el sistema público de salud. Wilson et al. (2024) muestran que el calor húmedo incrementa de manera desproporcionada la mortalidad en población joven: las personas menores de 35 años representan el 75% de las muertes recientes relacionadas con el calor y el 87% de los años de vida perdidos. En nuestra investigación (Aguilar-Gómez et al., 2025) documentamos que los días con temperaturas superiores a 34°C generan aumentos pronunciados en visitas a urgencias y hospitalizaciones, provocando saturación del sistema. Esta saturación incrementa la probabilidad de altas prematuras de pacientes graves y en un aumento de la mortalidad. 

A nivel individual, la adaptación puede reducir la exposición a riesgos climáticos, aunque el acceso a la tecnología, información e infraestructura requerida es altamente desigual. La inversión en tecnologías de enfriamiento es un ejemplo claro: el uso de aire acondicionado reduce la mortalidad asociada al calor (Davis y Gertler, 2025; Barreca et al., 2016). Sin embargo, Daviset al. (2021), utilizando microdatos de hogares en 16 países, incluido México, muestran que la adopción de aire acondicionado se concentra en hogares de altos ingresos, tanto entre países como al interior de estos. Esto implica que una de las principales tecnologías de protección frente al calor se distribuye de manera desigual, ampliando brechas en la exposición a riesgos climáticos. Asimismo, la información constituye un insumo clave para la prevención y la seguridad laboral. En este ámbito, México presenta un desempeño intermedio: supera a países de bajos ingresos, pero aún se encuentra por debajo de regiones de altos ingresos en la precisión de pronósticos de temperatura de corto plazo (Linsenmeier y Shrader, 2023). 

A nivel sistémico, el sector salud constituye un eje central de la adaptación. La evidencia sobre saturación hospitalaria que presentamos (Aguilar-Gómez et al., 2025) sugiere que la expansión de la capacidad y la mejora en la gestión de picos de demanda pueden reducir los daños en salud asociados al clima. De manera complementaria, Cohen y Dechezleprêtre (2022) muestran que el acceso a servicios públicos de salud mitiga la mortalidad relacionada con la temperatura en México. En particular, muestran que el Seguro Popular redujo la mortalidad asociada al frío, subrayando el papel de la cobertura en la disminución de la vulnerabilidad climática. 

Desafíos en el México rural: agricultura, desastres e inclusión financiera 

La agricultura mexicana es altamente heterogénea, combinando sistemas de temporal (como maíz y frijol), cultivos perennes (como café, frutales y agave) y agricultura comercial irrigada concentrada en el norte del país. Entre el 12% y el 13% de la población ocupada depende directamente de esta actividad, siendo los pequeños productores de temporal quienes enfrentan mayor exposición a choques climáticos. Esta estructura incrementa la vulnerabilidad de los hogares rurales frente a sequías, inundaciones y eventos extremos, mientras que el acceso limitado a crédito formal, seguros y mecanismos de ahorro restringe su capacidad de adaptación (Kala et al., 2023). 

Evidencia reciente muestra que los eventos climáticos extremos afectan tanto los costos como la demanda de las empresas. En otro estudio (Aguilar-Gómez et al. 2024) econtramos que las pequeñas y medianas empresas no acceden al financiamiento necesario para enfrentar estos choques. Como consecuencia, los días con temperaturas inusualmente altas incrementan la morosidad, afectando principalmente al sector agrícola, pero también a actividades dependientes de la demanda local. Estos resultados son consistentes con efectos de equilibrio general derivados del sector agrícola, donde los choques de temperatura endurecen las condiciones crediticias. En una línea similar de investigación, pero examinando el comportamiento de los hogares, Becerra et al. (2025) muestran que, en contextos con acceso limitado a crédito formal o seguros agrícolas, las pérdidas de ingreso derivadas de sequías incrementan el incumplimiento en tarjetas de crédito, lo que puede generar trampas de pobreza al restringir el acceso futuro a financiamiento. 

El cambio climático reducirá la productividad agrícola en regiones tropicales y subtropicales. La respuesta óptima implicaría reasignar capital y trabajo hacia sectores más productivos; sin embargo, la evidencia muestra la existencia de fricciones significativas que limitan este proceso (Albert et al., 2021). 

Para gestionar la recuperación tras eventos meteorológicos extremos y otros choques, México desarrolló FONDEN, el primer fondo nacional de aseguramiento contra desastres, el cual aceleró la recuperación municipal tras estos eventos, tanto en términos económicos como en la reducción de la mortalidad (Del Valle et al., 2020, 2024). Una parte de esta mortalidad probablemente está asociada a la violencia, fenómeno conocido como el nexo clima-conflicto. Su posterior desmantelamiento evidencia la fragilidad institucional en contextos de políticas discrecionales, lo que representa un riesgo para una adaptación climática efectiva. 

Es crucial recalcar que, al igual que muchos otros efectos del cambio climático y la degradación ambiental —pero ese es tema para la próxima— la violencia asociada a desastres no es neutral en términos de género. En un estudio que utiliza datos del sistema de salud, de la policía y de llamadas al 911, en Aguilar-Gómez y Salazar Díaz (2025) documentamos que las sequías incrementan tanto la violencia en espacios públicos como la violencia de pareja, en un país donde el 43.9% de las mujeres ha experimentado este tipo de violencia. 

Migración y otras transiciones 

México se ubica en una posición estratégica dentro de los flujos migratorios globales. La migración se ha consolidado como una estrategia de adaptación frente a choques climáticos, particularmente en regiones dependientes de la agricultura. Factores ambientales ya influyen en decisiones migratorias desde Centroamérica y el Caribe, así como en la migración interna (Jessoe et al., 2016; Nawrotzki et al., 2017). 

Las remesas constituyen un mecanismo clave de diversificación del ingreso y representan la segunda fuente de divisas del país. Becerra-Ornelas et al. (2025) muestran que estas aumentan durante periodos de sequía, permitiendo a los hogares evitar incumplimientos financieros. Esta es en definitiva una estrategia adaptiva exitosa que están implementando los hogares; diversificar geográficamente los ingresos reduce el riesgo. Sin embargo, cabe preguntarse qué capital humano está perdiendo el país al no poder retener a esta población. 

Desafíos en el México urbano: agua, infraestructura y vulnerabilidad climática 

En contextos urbanos, la vulnerabilidad climática se encuentra estrechamente vinculada con la ocupación. La mortalidad por calor varía significativamente según el tipo de empleo, siendo particularmente alta entre trabajadores jóvenes en sectores expuestos (Bressler et al., 2025). Asimismo, ocupaciones informales, como el comercio ambulante o el trabajo en plataformas digitales, permanecen altamente expuestas. 

La escasez de agua representa un desafío creciente. Ciudades como la Ciudad de México, Monterrey y Tijuana enfrentan riesgos derivados de la combinación de cambio climático, crecimiento poblacional e infraestructura deteriorada. La escasez de agua afecta directamente la oferta laboral y la salud, particularmente en mujeres responsables del abastecimiento doméstico (Rico-Straffon, 2025; Gutiérrez y Rubli, 2022). 

Finalmente, la sobreexplotación de acuíferos ha generado hundimientos en zonas urbanas, afectando infraestructura crítica y aumentando la vulnerabilidad ante eventos extremos (Hackett, 2025). 

Implicaciones para la política climática en México 

El cambio climático en México es un fenómeno multidimensional que interactúa con profundas desigualdades regionales, sociales e institucionales. Los sistemas de salud, los medios de vida rurales, la migración y la infraestructura urbana constituyen dimensiones interconectadas de la adaptación. En este contexto, la política climática debe trascender enfoques homogéneos y reconocer la diversidad estructural del país. El Plan Nacional de Adaptación (NAP), actualmente en proceso de elaboración, debe responder a estas complejidades y facilitar la canalización de recursos masivos, nacionales e internacionales, para evitar las pérdidas humanas y económicas que se discuten en este texto. Se requiere generar más conocimiento científico situado en el país y con granularidad regional. Sin estrategias adaptativas con credibilidad institucional y sensibilidad distributiva, la adaptación será incompleta y las vulnerabilidades existentes tenderán a profundizarse.