Políticas públicas para la prevención de lavado de dinero

Tal vez dos de los problemas con los que ha lidiado la sociedad desde sus primeras formas de organización son el poder y el dinero. Esto ha generado rompimientos entre clanes, amigos, familias, reinos, Estados modernos y todo aquello en donde se entremezclan estos dos aspectos humanos.

Para limitar y controlar el poder, la sociedad ha diseñado constituciones y leyes cuyo fin es controlar su abuso, así como dar las reglas de legalización y legitimación del uso del poder y el uso de la fuerza.

En este artículo, presento una reseña del libro Políticas públicas para la prevención de lavado de dinero, mismo que tiene como propósito proporcionar insumos para identificar, prevenir y combatir la mala utilización del dinero, el cual, al tener una procedencia ilícita rompe con su función económica, social y legal para el que fue creado, impactando en aspectos como la igualdad y equidad de condiciones de desarrollo de una sociedad, e influye en el debilitamiento del Estado constitucional de Derecho.

Conscientes del papel social y crítico que debe caracterizar a las universidades, así como su responsabilidad de impulsar los cambios necesarios que vean por el fortalecimiento de las instituciones, darle vigencia a los Derechos Humanos y asegurar un sólido Estado constitucional de Derecho que de armonía y estabilidad social, el Consorcio Puentes, integrado por la Universidad de las Américas de Puebla, la Universidad de Monterrey, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, la Universidad de Rice y la Universidad de Miami, decidió apoyar esta investigación y publicación, de la mano de la editorial Tirant lo Blanch.

La investigación plasmada en el libro aborda diversos métodos para prevenir y perseguir el lavado de dinero, así como las buenas prácticas nacionales e internacionales para luchar contra este delito, el cual debilita las instituciones y penetra en lo más hondo de las estructuras públicas y privadas, provocando el desgaste del tejido social y, con esto, el resquebrajamiento de las reglas de convivencia. Esto, a su vez, genera inequidad, tensión, impunidad, concentración de poder y violencia.

La impunidad, que históricamente se ha vivido en buena parte de la América Latina, ha hecho que la ausencia de sanciones ejemplares para los grandes casos de corrupción o la complicidad entre el crimen organizado y el gobierno se concentre en una élite intocable, lo que debilita también la legitimidad del Estado frente al ciudadano y cuestiona incluso a la misma democracia.

Dos de los grandes retos de América Latina y de los países en vías de consolidación democrática son la desigualdad que lleva aparejada la falta de movilidad, y la corrupción que desvía la utilización de recursos públicos para establecer políticas públicas que logren equilibrar o detener la ampliación de la brecha entre ricos y pobres. El debilitamiento de las instituciones, de la democracia y de las clases medias prende las alertas sobre el constante riesgo de mayor polarización social, radicalización de las medidas coercitivas por parte de los gobiernos, así como la tolerancia de regímenes cada vez más autoritarios en aras de que garanticen cierta seguridad y orden.

Y por el otro lado, se enfrenta la ausencia del Estado de Derecho y el fortalecimiento de grupos criminales que ejercen poder de manera paralela al Estado y que, al final, terminan retándolo e incluso venciéndolo e instalándose en los puestos de poder; con esto, rompen la tradición constitucional liberal y crean estados constitucionales criminales, donde la Constitución deja de ser un límite y control del poder, para ser utilizada sólo como documento justificador de las acciones de los grupos detentadores del poder.

Es urgente controlar el uso del dinero ilícito en América Latina, principalmente aquel que viene derivado del crimen organizado y de la corrupción política, así como seguir atacando la falta de competencia económica y la defraudación fiscal, que no permite al Estado generar políticas públicas que incentiven la movilidad social.

México, en los últimos 17 años ha focalizado su política pública en desmembrar las estructuras físicas de las bandas criminales (Dulin & Patiño, 2019), sin lograr debilitar sus estructuras económicas, patrimoniales y financieras.

Además, se ha identificado que no se ha mantenido una política pública claramente orientada al ataque de activos de la delincuencia, lo que permite identificar ausencia de estrategias dirigidas a este tema en los planes locales de gobierno (Torres, Montero, Vázquez & García, 2021).

Adicional a lo anterior, deben considerarse algunas características que pueden ser catalizadoras o facilitadoras para que exista el fenómeno de lavado de dinero, como es el caso del intercambio de mercancías en países con acuerdos comerciales. Esto, además de ser catalizador para el desarrollo económico, es un factor de riesgo para el lavado de dinero según estudios realizados por la OEA y el Comité Interamericano contra el Terrorismo. Teniendo en cuenta lo anterior, es importante considerar aspectos como el acuerdo comercial entre Estados Unidos, Canadá y México (T-MEC), la extensión de la frontera existente entre Estados Unidos y México, además del número de pasos fronterizos entre ambos países.

Si bien las zonas de libre comercio tienen como objetivo impulsar oportunidades para el desarrollo económico, también pueden ser nicho para el desarrollo de actos ilícitos como las Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, como se le conoce en México, debido a la reducción de controles de carácter financiero, procedimentales y de supervisión que derivan de su régimen especial (OEA - CICTE, 2017).

Las reflexiones y propuestas del grupo de profesoras y profesores unidos en esta publicación, es muestra del ecumenismo que debe existir en la creación de conocimiento, donde, sin importar la institución a la que pertenecemos, es posible unirse para abordar los complejos problemas que agobian a nuestras comunidades, proponiendo soluciones y generando conocimiento que permita afrontar un problema tan complejo y con tantas aristas como es el caso del dinero ilícito en los estados constitucionales y su impacto en las instituciones públicas y privadas.

En esta obra, las y los lectores, encontrarán propuestas cuantitativas para el análisis de la problemática del lavado de dinero en el país y sus regiones; además de un análisis acerca de la extinción de dominio como herramienta de política pública contra los activos de la delincuencia.

Adicionalmente, se presenta un análisis sobre los riesgos de corrupción en procedimientos de compras de seguridad en los municipios, el estado actual del castigo judicial del delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en México, así como un análisis referente a la creación de un Sistema Nacional de ataque de activos, como propuesta para controlar el lavado de dinero en el país.

Entre las recomendaciones y estrategias de política pública plasmadas en esta obra para combatir el lavado de dinero en el país destacan:

• Fortalecer la capacitación de los fiscales especializados que ven este delito, así como la de los integrantes de las unidades de análisis de información económica, financiera y patrimonial, no solo de la Fiscalía General de la República sino también de las unidades que existen en los estados.

• Generar y fortalecer vínculos técnicos entre actores para estructurar la teoría del caso y la generación de productos de inteligencia que puedan fortalecer la estrategia de litigación y combate a este delito.

• Definir en equipos multidisciplinarios la información necesaria para investigar la comisión de este delito, cumpliendo el debido proceso y garantizando la procedencia legal de las pruebas.

• Generar una política de persecución penal que vincule los esfuerzos de las autoridades de los diferentes niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, y que pueda contribuir en la focalización de esfuerzos y atención de alertas en conjunto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como las secretarías de finanzas de los estados.

• Definir una política de sistematización de la información basada en una política de persecución penal de delitos prioritarios y que generen recursos de procedencia ilícita.

• Identificar discrepancias fiscales que puedan dar indicios de enriquecimiento, a partir de la obtención de recursos de procedencia ilícita.

• Imponer sanciones administrativas y fiscales a aquellos que participen en la comisión de delitos que generen recursos financieros, buscando contribuir en el debilitamiento de las estructuras financieras y patrimoniales de los criminales.

• Generar unidades regionales que tengan como propósito atacar y combatir los delitos de lavado de dinero en diferentes niveles, fortaleciendo la colaboración interinstitucional a partir de la firma de convenios de trabajo e intercambio de información.

• Diseñar y fortalecer estrategias que permitan el bloqueo y aseguramiento de activos de procedencia ilícita, evitando su transferencia a otros actores y, con ello, el mantenimiento de las estructuras financieras criminales.

• Fortalecer las acciones de búsqueda y definición del perfil financiero, patrimonial y económico de los diferentes actores vinculados con la generación y uso de recursos de procedencia ilícita.

• Identificar los puestos, actores e instituciones clave para la persecución de este tipo de delitos, así como de la regulación de sistemas financieros, fiscales, bancarios y aduanales.

México tiene importantes áreas de oportunidad en el combate y prevención del lavado de dinero. Aunque ha diseñado e implementado estrategias para enfrentar esta problemática, tiene aún un extenso camino por recorrer en el que se requiere la vinculación y trabajo coordinado entre instituciones públicas y privadas, así como actores de la academia, la sociedad civil y la ciudadanía. Esperamos que este trabajo, pueda contribuir en el análisis de esta problemática y sume en los esfuerzos que nuestro país desarrolla desde diferentes frentes, construyendo y fortaleciendo el México que todas y todos soñamos.