Clientelismo y competencia partidista en Nuevo León: ¿pluralismo o atomización?

En los últimos tres procesos electorales en Nuevo León, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana local ha editado sendos libros con análisis respecto a las elecciones en el estado. Parte del nuevo libro sobre el proceso electoral local de 2024, titulado Perfiles del electorado nuevoleonés 2024, contiene un capítulo titulado “Clientelismo y competencia partidista en Nuevo León: ¿pluralismo o atomización?”. En dicho estudio analizo el clientelismo en dicha entidad, enfocándome en cómo los programas sociales federales, los cuales entregan transferencias monetarias a poblaciones específicas, influyen en la competencia electoral. Se propone que estas transferencias no sólo incrementan el voto por los partidos que las distribuyen, sino que también pueden ampliar y atomizar la competencia electoral. 

En términos conceptuales, el clientelismo involucra la compra de votos, la cual se define como el intercambio de bienes materiales para promover la participación electoral a favor de una opción política. 

El clientelismo se puede clasificar en varias categorías, como la electoral, donde se realiza una entrega de bienes privados, el programático, que consiste en hacer promesas de bienes u obras públicas después de las elecciones y el relacional, que tiene intermediarios que distribuyen bienes y servicios durante y después del ciclo electoral. 

En este sentido, la relación clientelar es asimétrica y se establece de manera individual, enfocándose en nichos electorales donde la compra de votos resulte más probable, especialmente entre personas de bajos ingresos y menor escolaridad (Stokes 2007; Nichter 2014; Rizzo 2018; González, Nieto y Peeters 2023; De la O 2024). 

En el caso de las prácticas clientelares en Nuevo León, para 2018, un 27 por ciento de la población conocía a alguien que había recibido despensas o dinero, y un 14 por ciento había recibido tarjetas prepagadas, prácticas comunes entre personas con bajos ingresos (Hernández, 2019). Sin embargo, desde 2022, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió declarar ilegal cualquier propaganda que genere expectativas de beneficios futuros en función del voto (vía tarjetas por ejemplo, véase Díaz Domínguez y Garza 2023), lo que nos ha regresado al análisis de los programas sociales con transferencias monetarias focalizadas. El impacto de los programas sociales es variado, ya que han sido utilizados por diversos partidos para alterar la competencia partidista, buscando aumentar los votos por quien los distribuye. 

Por un lado, entre 2019 y 2023, de acuerdo con el Padrón Único de Personas Beneficiarias (Bienestar, 2024), se destinaron 2,567.3 millones de pesos a programas sociales en Nuevo León, con un 81.2 por ciento de este monto destinado a pensiones para personas adultas mayores. La distribución de estos recursos varió significativamente entre municipios, con Monterrey, Guadalupe y San Nicolás recibiendo la mayor parte. 

Por otro lado, en el estado se observó un mosaico electoral en las elecciones de 2021, donde el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) dominaron, pero Movimiento Ciudadano (MC) ganó terreno (no sólo en las urnas, sino también cuando varios municipios cambiaron de partido). Para las elecciones de 2024, el bloque PAN-PRI obtuvo 23 municipios, mientras que MC ganó 16 y el bloque encabezado por Morena logró 11. En tanto, el número efectivo de partidos en competencia a nivel municipal osciló entre 1.6 y 5.4, con un promedio de 3.1, sugiriendo una competencia electoral variada.

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La gráfica 1 muestra el gasto en programas sociales federales, por municipio entre 2019 y 2023, mostrando la variación en transferencias y su relación con el número efectivo de partidos en las elecciones de 2024. Ello puede ilustrar cómo los recursos se distribuyen entre los municipios y su impacto en la competencia electoral. 

El estudio asume que los programas sociales federales entre 2021 y 2023 en Nuevo León se asociaron positivamente con el número efectivo de partidos a nivel municipal. Para ello se utilizó un modelo de regresión lineal para analizar la relación entre el monto de programas sociales y el referido número efectivo de partidos. El modelo es una regresión lineal para una variable dependiente continua empleando el análisis de regresión por mínimos cuadrados, ello para estimar el mejor predictor lineal al minimizar la suma de los residuales al cuadrado. Su componente estocástico se describe por una función de densidad con media mu y varianza sigma2, mientras que el componente sistemático modela una media condicional, la cual resulta de multiplicar el vector de variables explicativas por el vector de coeficientes estimados (Gelman, Hill y Vehtar 2020).

Los resultados del análisis sugieren que el clientelismo sí está relacionado con el número efectivo de partidos en competencia. En particular, un aumento en el gasto en programas sociales se asocia con un incremento en el número de partidos, lo que podría incidir en una atomización del sistema de partidos en el estado. 

Si se reporta una erogación de un millón de pesos en programas sociales, se esperarían 2.1 partidos, mientras que una erogación de 2.7 millones se asociaría con 2.5 partidos. Si el monto se elevara a 7.4 millones se tendrían 2.9 partidos. Será hasta los 20.1 millones de pesos cuando se observen 3.2 partidos, para llegar a 3.6 con 55 millones en erogaciones, esto es, alrededor del valor promedio. Cuando los programas sociales erogan una cifra mucho mayor, como 148 millones, se observarían 3.9 partidos, para finalmente alcanzar la cifra de 4.5 partidos efectivos con el nivel máximo de gasto. 

Otro hallazgo interesante es el relativo al papel que juegan algunas de las variables censales que reflejan cómo ciertos grupos vulnerables se asocian con un mayor número efectivo de partidos. Ello se puede observar en mediciones relacionadas con problemas sociales, como el porcentaje de viviendas desocupadas, el cual resulta relevante en el caso de Nuevo León, así como otras variables relacionadas con la distribución de los recursos. Lo anterior también se presenta en el porcentaje de casas con internet, viviendas con jefatura femenina en el hogar y con una mayor proporción de jóvenes. También las municipalidades con un menor índice de desarrollo parecen relacionarse con un mayor número efectivo de partidos. Todo lo anterior sugiere que aquellos municipios donde se concentran menores recursos o poblaciones en condiciones vulnerables pueden resultar más proclives a sufragar por distintas opciones políticas, incrementando con ello el número efectivo de partidos en el sistema.

Como principales conclusiones se podría señalar que el clientelismo sí puede ser analizado a nivel agregado para estudiar su impacto electoral, a pesar de su naturaleza individual y que la relación entre transferencias monetarias y el número de partidos sugiere que, aunque pueden fomentar el pluralismo, también existe el riesgo de una atomización excesiva. Se recomienda que futuras investigaciones se centren en la relación entre transferencias monetarias y triunfos electorales de las diversas opciones políticas. 

Aunque esta entrada sólo es un breve resumen del capítulo ya referido del libro “Perfiles del electorado nuevoleonés 2024”, de próxima aparición, sí proporciona una visión general del análisis del clientelismo en el estado, destacando la relación entre programas sociales y competencia electoral, así como las implicaciones para el sistema de partidos en la entidad.

Nota: La investigación que refiere este blog se realizó para ser publicada en el libro  Perfiles del electorado nuevoleonés 2024, del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León (IEEPCNL)